De víctimas a frente legal contra XY Booster

De víctimas a frente legal contra XY Booster

De víctimas a frente legal contra XY Booster

La historia se repite con variaciones, pero con el mismo fondo: promesas de rendimientos extraordinarios, directivos elocuentes, contratos bien redactados, presencia en redes sociales, y un supuesto respaldo institucional que tranquiliza hasta al inversionista más cauteloso. Así operó XY Booster, empresa señalada por decenas de personas que hoy acusan un presunto fraude financiero que podría superar los 800 millones de pesos.

Lo preocupante es que este no es un caso aislado ni accidental. Se trata de un fenómeno que hemos comenzado a nombrar como fraude financiero institucionalizado: estructuras que se visten de legalidad, aprovechan vacíos normativos, simulan operaciones legales y, cuando el dinero deja de fluir, desaparecen sin dejar rastro.

En nuestro despacho, Buergo Gómez Abogados, hemos recibido múltiples testimonios coincidentes de personas que fueron persuadidas con contratos formalmente válidos, que recibieron pagos durante algunos meses, y que luego enfrentaron evasivas, cambios de razón social, cierres de oficinas y silencio total. A partir de esos testimonios decidimos realizar una denuncia colectiva para hacer frente a este esquema, que trasciende el conflicto entre particulares.

¿Por qué una denuncia colectiva? Porque, aunque esta figura no se reconoce todavía en la ley como ocurre en otras materias, es una vía eficaz para visibilizar patrones sistemáticos, evitar la fragmentación de expedientes y dotar de mayor peso probatorio a cada caso. No se trata solo de que las víctimas levanten la voz, sino de dar forma jurídica a esa voz.

El reto más grande es que muchas veces las fiscalías intentan remitir estos casos al ámbito civil, como si fueran simples incumplimientos contractuales. Pero cuando hay una operación reiterada, con dolo, con ocultamiento de información, con simulación de respaldo institucional y dispersión del capital captado, estamos frente a delitos que deben investigarse penalmente.

Este caso también plantea una alerta para quienes aún creen que basta con leer un contrato o que “si algo está en papel, es legal”. No. Las apariencias legales no convierten en lícito lo que tiene fines ilícitos. La sofisticación del fraude exige una respuesta institucional igualmente sofisticada, pero también ciudadanía activa, asesoría jurídica oportuna y una narrativa que no normalice el abuso.

Nuestra apuesta es clara: llevar este caso hasta las últimas consecuencias legales, y al mismo tiempo, crear un precedente de organización jurídica colectiva que no deje espacio para la impunidad.

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